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Publicación del Foro de Reflexión sobre la Realidad Salvadoreña – FORES–
No. 15, septiembre – diciembre 2026 Revista cuatrimestral. San Salvador, El Salvador, Centroamérica
La condena en la sombra: análisis criminológico y victimológico de la victimización secundaria y sus dimensiones psicosociales en el ecosistema penal contemporáneo
Sentencing in the shadows: A criminological and victimological analysis of secondary victimization and its psychosocial dimensions in the contemporary criminal justice system
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Este trabajo tiene la licencia
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Recibido: 01/07/2026 Aprobado: 08/08/2026 |
Ricardo Sosa[5]
Criminólogo y experto en victimología
https://orcid.org/0009-0005-1183-5446
Resumen
El presente ensayo académico, de naturaleza analítica, crítica y descriptiva-documental, aborda el complejo fenómeno de la victimización secundaria desde una perspectiva criminológica y victimológica de vanguardia. A través de la rigurosa deconstrucción de los postulados teóricos de Ebbe Dagobert Neuman, Antonio Beristain Ipiña, Martin Symonds, Robert Elias, Luis Rodríguez Manzanera, se examina a profundidad cómo el aparato de justicia penal moderno, en lugar de proveer resguardo y reparación, provoca una violencia institucionalizada que exacerba, prolonga y cronifica el daño originario. Se analiza exhaustivamente el impacto multidimensional y sistémico de este fenómeno, detallando con precisión clínica las secuelas psicológicas severas, tales como el Síndrome de Estrés Postraumático (TEPT), la inducción de la culpa, el colapso afectivo y la disonancia cognitiva. Paralelamente, se exploran las consecuencias sociales tangibles, que se manifiestan en la estigmatización comunitaria, el aislamiento, la pérdida acelerada del tejido social y la profunda desconfianza hacia el Estado de Derecho. El estudio aterriza estas dinámicas globales en la compleja, histórica y convulsa realidad de América Latina y, específicamente, en los retos estructurales de El Salvador. Finalmente, se propone una transición imperativa y urgente hacia una justicia fundamentada en enfoques humanistas, en la adopción de victimocentrismos reales y en la operatividad de la reparación integral como eje rector de la política criminal.
Palabras Claves: Victimología, Victimización secundaria, Violencia institucional, Daño psicosocial, Victimocentrismos, Justicia restaurativa, Criminología crítica.
Abstract
This academic essay—analytical, critical, and descriptive-documentary in nature—addresses the complex phenomenon of secondary victimization from a cutting-edge criminological and victimological perspective. Through a rigorous deconstruction of the theoretical postulates of Ebbe Dagobert Neuman, Antonio Beristain Ipiña, Martin Symonds, Robert Elias, and Luis Rodriguez Manzanera, the study examines in depth how the modern criminal justice system, rather than providing protection and redress, inflicts institutionalized violence that exacerbates, prolongs, and chronicizes the original harm. It exhaustively analyzes the multidimensional and systemic impact of this phenomenon, detailing with clinical precision severe psychological sequelae such as Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD), the induction of guilt, emotional collapse, and cognitive dissonance. Concurrently, it explores tangible social consequences, manifested in community stigmatization, isolation, the rapid erosion of the social fabric, and profound distrust of the rule of law. The study situates these global dynamics within the complex, historic, and turbulent reality of Latin America—and specifically, the structural challenges facing El Salvador. Finally, it proposes an urgent and imperative transition toward a justice system grounded in humanistic approaches, the adoption of genuine victim-centered models, and the implementation of comprehensive reparation as the guiding principle of criminal policy.
Keywords: Victimology, Secondary victimization, Institutional violence, Psychosocial harm, Victimocentrism, Restorative justice, Critical criminology.
1. Introducción
La evolución dogmática del derecho penal y de la criminología tradicional ha estado históricamente anclada a una visión profundamente iuscentrista y delincuente-céntrica. Durante siglos, la imponente arquitectura del sistema de justicia se erigió casi en su totalidad sobre la imperativa necesidad de tasar la pena, salvaguardar el orden público, sancionar la desviación conductual y garantizar el debido proceso del infractor de la ley, incluso se llegó a los extremos de producirle libros, películas, series, llevarlos al cine y que los noticieros en el mundo estuvieran en sus escaletas mañana, tarde y noche. En esta ecuación punitiva, el Estado monopolizó el conflicto, expropiando el litigio de las manos de los directamente afectados. Como consecuencia directa de esta configuración epistémica, se relegó a la persona que sufre el delito o crimen a un rol puramente instrumental y periférico: un mero testigo, observador, un objeto de prueba transitorio y desechable en el vasto e impersonal proceso de restitución del orden jurídico vulnerado.
Como criminólogo y especialista en victimología, inmerso en la resiliente, pero históricamente lacerada realidad de El Salvador y de la región latinoamericana, observo con un sentido de urgencia ineludible cómo este paradigma anacrónico ha generado una profunda crisis de legitimidad procesal y un dolor humano incalculable. En sociedades transicionales, postconflicto, o en la etapa actual de la desarticulación y desmontaje de la operatividad de las pandillas criminales como la salvadoreña, donde la violencia ha mutado desde la macrorcriminalidad hacia las complejas dinámicas de la delincuencia organizada y la delincuencia común, el aparato estatal se ha visto rebasado no solo en su capacidad de prevención, sino, de manera más trágica, en su capacidad de acogida y contención.
El planteamiento del problema de este ensayo radica en una paradoja inherente y perturbadora del sistema punitivo estatal en América Latina: las instituciones democráticas que fueron diseñadas y financiadas para proteger, investigar, sancionar el delito y restaurar la paz social son, con una frecuencia alarmante, productoras y reproductoras de un nuevo daño sistemático. Esta segunda agresión, que en la práctica criminológica resulta muchas veces más devastadora, insidiosa y prolongada que el delito o crimen originario, es perpetrada por el mismo Estado bajo el manto legitimador de la legalidad procesal, la burocracia forense y de personal que labora en dichas instituciones. La justificación epistemológica de la victimología moderna y crítica no se agota, por tanto, en el mero estudio clínico, demográfico o sociológico de la persona agraviada; por el contrario, exige imperativamente una auditoría implacable y continua de los mecanismos legales, procesales y administrativos que interactúan con ella desde el primer contacto policial hasta la eventual y agónica sentencia judicial en cualquiera de sus etapas.
La tesis central que articulará el presente desarrollo argumentativo postula que la victimización secundaria no es un accidente operativo, ni un simple «daño colateral» de un sistema sobrecargado, sino que constituye una forma endémica de violencia institucional asimétrica que destruye psíquica, moral y socialmente a la persona afectada, a la víctima. Al operar bajo lógicas de eficiencia estadística y carecer de victimocentrismos funcionales, el andamiaje judicial latinoamericano somete a los individuos a un escrutinio frío, repetitivo y estigmatizante que consolida el colapso del tejido social y socava de manera irreversible la confianza ciudadana en el Estado de Derecho. Para sustentar esta tesis con el rigor académico requerido, transitaremos por los postulados de los grandes teóricos de la victimología y desglosaremos minuciosamente la fenomenología del daño emocional y social que esta maquinaria procesal provoca.
2. Marco teórico y conceptual de la violencia institucional
2.1 La victimización secundaria: fundamentos dogmáticos y delimitación conceptual
En términos criminológicos y dogmáticos contemporáneos, entendemos por victimización secundaria al vasto conjunto de consecuencias deletéreas —de orden psicológico, psiquiátrico, físico, económico, jurídico y social— que padece una persona agraviada como resultado directo y verificable de su contacto con el entramado del sistema de justicia penal y todas sus agencias periféricas e interconectadas (fuerzas de seguridad ciudadana, institutos de medicina legal, fiscalías, tribunales, sistemas penitenciarios y, de manera insoslayable, los medios de comunicación de masas).
A diferencia de la ofensa inicial, que suele ser intempestiva, perpetrada por un agente antijurídico y delimitada en el tiempo y el espacio, este segundo impacto se caracteriza por ser dilatado, crónico, burocratizado y, lo que es moralmente más gravoso, ejecutado por aquellos agentes estatales que ostentan el monopolio normativo de la protección y la justicia. Esta dinámica constituye una iusexpresión superlativa del fracaso institucional para alojar el dolor humano; es la manifestación fáctica de un Estado que, pretendiendo impartir justicia, administra sufrimiento.
2.2 La visión estructural de Ebbe Dagobert Neuman y la jerarquía del daño victimal
Para comprender la génesis y la profundidad de esta conceptualización en la criminología iberoamericana, resulta ineludible remitirnos al eminente jurista y criminólogo argentino Ebbe Dagobert Neuman. En su riguroso análisis estructural de la macro-victimización y el fenómeno delictivo, (Neuman,1994) articula una clasificación tripartita que revolucionó la taxonomía del padecimiento criminal en la región. El autor establece la existencia de una victimización primaria, que emana de forma directa, física o patrimonial del hecho delictuoso concreto; una victimización secundaria, producto del embate burocrático e institucional durante el iter procesal; y, finalmente, una victimización terciaria, que engloba el rechazo social posterior, la marginación comunitaria e, incluso desde una visión garantista amplia, el padecimiento inconstitucional del propio victimario en el hacinamiento de las prisiones latinoamericanas.
Centrando nuestro análisis en el segundo peldaño de su clasificación, Neuman enfatiza que el sistema penal moderno, heredero de lógicas retributivas inflexibles, opera bajo una constante de «frialdad y burocratismo» que cosifica irreversiblemente al doliente. En las salas de interrogatorio de las delegaciones policiales y en los fríos e intimidantes pasillos de los juzgados de instrucción, el individuo pierde su ontología humana; no es tratado bajo ninguna circunstancia como un sujeto íntegro portador de derechos fundamentales vulnerados, sino que es transmutado en un mero objeto de investigación, un vehículo portador de evidencias. un expediente más apilado en un estrado o la carta principal para lograr una condena por medio de su testimonio.
La victimización secundaria, bajo el cristalino escrutinio neumaniano, es el resultado directo e innegable de cuestionamientos forenses invasivos, demoras procesales crónicas que vulneran el principio de pronta y cumplida justicia, confrontaciones visuales y espaciales forzadas con el agresor en los tribunales, y la reiteración infinita, mórbida y desgastante de su testimonio, cada vez que llega a una Institucicón del sector de Justicia y en ocasiones dos o tres veces en la misma sede. Esta sumatoria de negligencias operativas cristaliza un ambiente hostil, asfixiante y patógeno que desdibuja sistemáticamente la dignidad intrínseca del ser humano.
2.3 La victimología humanista, crítica y emancipadora de Antonio Beristain Ipiña
En un marcado contraste con los enfoques puramente positivistas y etiológicos de la criminología clásica, el catedrático vasco Antonio Beristain Ipiña aporta la trascendental dimensión de la «victimología humanista». Beristain asume una postura filosófica y ética contundente, criticando de manera frontal lo que él denomina como la «victimología victimodogmática». Esta última, predominante en gran parte del siglo XX, se limitaba de manera casi aritmética a medir el grado de provocación, riesgo o participación de la persona en su propio infortunio, la llamada víctima precipitadora. (Beristain, 2000) nos alerta con severidad sobre la perversión de los sistemas penales contemporáneos, denunciando sin cortapisas sus inmensos e invisibilizados «costos psíquicos e institucionales».
Para el pensador vasco, el derecho penal opera frecuentemente como una maquinaria trituradora, ciega y sorda, que obvia por completo la biografía del sufrimiento humano. En su brillante crítica sociopenal, advierte que la segunda ola de violencia institucional representa una negación de facto de los derechos humanos inalienables de la persona doliente. Su propuesta humanista es un llamado a la rebelión epistémica: exige que la justicia abandone su miopía jurídica, deje de mirar de manera exclusiva la infracción abstracta a la norma codificada, y comience a enfocar su mirada, con compasión y rigor, en el rostro roto del individuo. Beristain demanda que todo el engranaje del proceso penal se constituya, desde su primer acto investigativo, en un rito reparador, terapéutico y pacificador, y no en un laberinto procesal de tintes kafkianos que agudiza el trauma.
2.4 Las contribuciones pioneras del ámbito anglosajón: Martin Symonds y Robert Elias
Las dimensiones puramente clínicas y las implicaciones sociopolíticas del daño institucional hallan su máxima disección y expresión en los fundamentales estudios anglosajones de la década de los ochenta. Martin Symonds en 1980, operando desde la psiquiatría clínica y avalado por su vasta experiencia directa con los cuerpos policiales metropolitanos, postula con brillantez empírica la existencia de un «trauma adicional» fundamentado exclusivamente en la insensibilidad aguda de la respuesta institucional inicial.
Symonds demostró clínicamente que, tras sobrevivir a un hecho violento de alto impacto, la persona experimenta una regresión temporal e involuntaria a un estado de extrema sumisión e impotencia psicológica —similar a la dependencia infantil—, motivada por la fractura absoluta de su percepción previa de invulnerabilidad personal. Al buscar auxilio de emergencia en la primera línea del Estado, la policía, la fiscalía, la urgencia médica, peritajes en Institutos de Ciencias Forenses, el individuo espera subconscientemente recibir actitudes proactivas de «rescate», consuelo, empatía y validación absoluta de su dolor.
Sin embargo, la disonancia cognitiva es brutal cuando lo que encuentra en el escritorio de esa sede judicial es usualmente indiferencia burocrática, escepticismo velado, cinismo rutinario o interrogatorios de naturaleza abiertamente confrontativa, sugestivos y en muchas ocasiones aparece el morbo. Esta disparidad entre la expectativa de auxilio y el rechazo institucional genera lo que Symonds acuñó magistralmente como la «segunda herida» un fenómeno que a menudo desencadena un repudio psicológico, un resentimiento y una alienación existencial mucho más profundos, persistentes y difíciles de sanar que el acto criminal originario.
Trasladando el lente desde el psiquismo individual hacia un plano macrosociológico y estructural, Robert Elias en 1986, aporta la indispensable teoría de la «violencia estructural e institucional» en el marco de la victimización moderna. Para Elias, el sistema de justicia no falla por mero descuido administrativo, negligencia casual o falta de presupuesto; por el contrario, opera bajo una lógica perversa de dominación donde el individuo agraviado es cooptado y absorbido por el Estado con el único propósito de justificar su política criminal, expandir su control punitivo y legitimar su existencia.
Bajo la óptica de Elias, el Estado secuestra y se apropia del conflicto social; utiliza a las personas agraviadas como mero capital político y moneda retórica en discursos electorales y campañas con enfoque político y electorero, cargados de planes con nombres rimbombantes con alta cuota de marketing. Pero, en la cruda y real praxis procesal, el mismo Estado las margina de las decisiones torales del juicio, las despoja de información vital sobre el estado de sus casos,les dicen que no hablen, que guarden silencio, las desecha una vez obtenida la sentencia condenatoria o absolutoria, la fatídica y tan utilizada «victima testigo» la favorita de los Estados. Esto consolida y perpetúa una forma de violencia estatal asimétrica, plenamente avalada y blindada por la legalidad vigente.
2.5 La transición hacia un paradigma penal centrado en la víctima el aporte de Luis Rodríguez Manzanera
Los valiosos aportes del doctor Luis Rodríguez Manzanera representa una figura ineludible en la consolidación de la victimología en América Latina, promoviendo una transición desde un paradigma puramente criminológico hacia uno integral que visibiliza y dignifica a la víctima. En el estudio de la victimización secundaria, su obra pionera denuncia críticamente la histórica miopía del sistema de justicia penal, el cual, al focalizarse de manera exclusiva en el castigo del delincuente, abandona y afecta gravemente a quien ha padecido el delito.
Manzanera conceptualiza esta segunda herida no solo como una ineficiencia burocrática, sino como una violencia institucional sistemática ejercida por las agencias de procuración y administración de justicia. Su aporte principal radica en sistematizar científicamente este fenómeno, demostrando cómo los interrogatorios insensibles, la frialdad judicial, la lentitud procesal y la estigmatización social operan como mecanismos que agravan el trauma original, es decir la victimización primaria. Desde su perspectiva victimológica, argumenta que el Estado se convierte en un ente victimógeno al expropiar el conflicto y marginar a la víctima de su propio proceso. De este modo, su enfoque trasciende la descripción del daño para sentar las bases ético-jurídicas de una política criminal moderna, exigiendo que las instituciones asuman un mandato de reparación integral y dejen de ser escenarios de un nuevo agravio estructural.
Considerado el pionero y padre de la victimología en México y América Latina, ha construido todo un andamiaje y legado teórico que ha permitido estudiar a la víctima de forma científica y autónoma. Sus aportes transformaron a la víctima de un simple «sujeto pasivo del delito» a un protagonista activo digno de estudio, protección y derechos. Desarrolló exhaustivamente el iter victimae o «el camino de la víctima». Este concepto analiza el proceso interno (psicológico) y externo (conductual y circunstancial) mediante el cual una persona llega a convertirse en víctima, estudiando las dinámicas previas, el momento del hecho y las consecuencias posteriores al evento criminal. sistematizó y estandarizó para la literatura hispanoamericana la diferencia fundamental entre los tres niveles de daño.
3. Análisis clínico y sociológico de los impactos en la víctima
3.1 Daños psicológicos: TEPT, inducción de culpa, ansiedad aguda y colapso afectivo
Como criminólogo, experto en victimología y académico, me resulta un imperativo moral y científico subrayar que las consecuencias psicológicas derivadas de la interacción con la deficiente maquinaria judicial no son incomodidades pasajeras, malestares gástricos o frustraciones temporales; estamos hablando del desarrollo y consolidación de patologías clínicas severas y crónicas.
Cuando el aparato de justicia somete a una persona a rendir su testimonio de manera incesante (ante el policía de seguridad pública o sistema 911, luego ante el investigador, el médico forense, médicos de la red pública, el psicólogo forense, el fiscal a cargo del caso y, finalmente, ante el tribunal) sin proveer ningún tipo de medida de contención emocional, se produce una sistemática y sádica duplicación emocional del daño.
Este engranaje procesal detona de manera directa o agrava exponencialmente los cuadros del Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT). A nivel neurobiológico, la amígdala cerebral del individuo no distingue entre el evento traumático original y su reiteración narrativa obligada en un entorno hostil. El individuo queda atrapado en un bucle temporal, sufriendo una doble experimentación vívida y aterradora del evento traumático, desencadenada ya no por el infractor originario (quien puede estar incluso detenido), sino por la figura de autoridad que representa al Estado: el fiscal o el investigador que lo presiona o el juez que lo cuestiona con apatía.
Uno de los efectos psicológicos más perversos, destructivos y clínicamente desafiantes de esta dinámica es la sutil pero letal inducción de la culpa y el subsecuente colapso afectivo del individuo. En los sistemas de justicia penal, particularmente durante la fase del juicio oral, las tácticas de litigación y del contrainterrogatorio por parte de las defensas técnicas suelen carecer de límites éticos victimológicos. Dichas tácticas se enfocan frecuentemente en escudriñar la moralidad, el estilo de vida, las relaciones interpersonales, la vestimenta, el lugar de tránsito o el historial psiquiátrico previo del declarante, en otras palabras, tratan de culpar o responsabilizar a la víctima. Esta agresión en estrado transmite el mensaje subliminal —y, en el peor de los escenarios, explícito— de que la persona de alguna manera facilitó, provocó o mereció el ilícito del que fue objeto.
Este mecanismo de externalización de la culpa hacia el eslabón más débil internaliza en la persona una profunda autopercepción de inutilidad, vergüenza tóxica y reproche personal, detonando cuadros agudos de ansiedad generalizada y depresión mayor. El temido colapso afectivo sobreviene inexorablemente cuando la persona, habiendo depositado su última reserva de resiliencia y esperanza vital en las instituciones estatales para alcanzar la verdad y la justicia, es tratada con una frialdad forense abrumadora, comprobando empíricamente que su dolor es totalmente invisibilizado, subestimado y trivializado por el Estado.
3.2 Daños sociales: estigmatización, pérdida del tejido social y desconfianza estructural en el Estado de derecho
Si la psique individual se fractura irremediablemente en la sala de audiencias o en la oficina del representante forense, la vida social de la persona experimenta un proceso de desintegración igual de violento en su entorno comunitario y cotidiano, todo ello como una externalidad directa del abordaje institucional deficiente. La violencia institucional y los procesos penales carentes de resguardo a la intimidad producen una profunda e indeleble estigmatización pública.
Al ser tratada con evidente suspicacia, incredulidad y frialdad por las propias autoridades, ese descrédito oficial actúa como un sello de sospecha que rápidamente se filtra y permea hacia la comunidad, los empleadores, las instituciones educativas y el entorno vecinal. El individuo sufre una metamorfosis social perversa: pasa de ser concebido como una persona vulnerable y digna de empatía colectiva, a ser percibido como una figura bajo permanente sospecha, un «problema legal» andante, o alguien que «algo habrá hecho» para encontrarse enredado en los tribunales.
Este cruel aislamiento social genera la pérdida acelerada y muchas veces definitiva del tejido social y de las redes de apoyo naturales del afectado. Para evitar el señalamiento malicioso, el escarnio público y la exposición morbosa —a la cual contribuyen de manera criminal las filtraciones de los expedientes estatales hacia los medios amarillistas en muchos países en América Latina—, las familias enteras optan, como mecanismo de supervivencia, por el silencio sepulcral, la mudanza forzada y el autoexilio social, desarraigándose de sus comunidades y fuentes de sustento en un intento desesperado por recuperar el anonimato, vivir en las sombras.
En una dimensión sociopolítica más amplia, una que resuena de manera intensa y dramática en las incipientes y frágiles democracias latinoamericanas, la victimización secundaria actúa como un ácido corrosivo que destruye los cimientos mismos de la paz pública y el contrato social: genera una desconfianza absoluta, generalizada y transgeneracional en el Estado de Derecho. Cuando en El Salvador, o en cualquier nación de la región centroamericana, o América Latina, un ciudadano promedio aprende a través de la amarga experiencia propia (o la de un vecino) que denunciar un delito o crimen significa, en la práctica, someterse voluntariamente a una trituradora burocrática que garantiza el escarnio público, el gasto económico inasumible y la apatía estatal, el resultado matemático y social es la monumental elevación de la cifra negra de la criminalidad (el subregistro o la no denuncia) y vienen los engaños a los tomadores de decisiones por que se puede creer que la baja en denuncias es ausencia o erradicación de delitos.
El pacto social se quiebra de forma irrevocable; el Estado pierde toda su legitimidad y soberanía moral, no solo por su incapacidad primaria de prevenir el delito, sino, de manera más grave y condenable, porque activamente torturó, marginó e ignoró institucionalmente a quien acudió de rodillas buscando su amparo y ayuda protectora.
4. El rol del sistema judicial y las instituciones: un análisis crítico desde la criminología y la praxis latinoamericana
El sistema judicial y la intrincada arquitectura institucional de procuración y administración de justicia a lo largo de América Latina arrastran, como un ancla oxidada, tareas históricas, procedimentales y culturales heredadas de los modelos puramente inquisitivos de la colonia y de los posteriores modelos represados. A pesar de las rimbombantes y millonarias reformas estructurales de las últimas tres décadas orientadas hacia modelos procesales acusatorios, orales y garantistas, la idiosincrasia forense subterránea y la cultura organizacional del operador de justicia siguen profundamente impregnadas de un letargo e insensibilidad intolerables.
Desde mi posición en la academia y en el trabajo de análisis de campo de la criminología crítica salvadoreña, he sostenido incansablemente que nuestras fiscalías, unidades élite de investigación policial, juzgados de paz y tribunales de sentencia operan, en una abrumadora y desesperanzadora mayoría de casos, bajo estrictos indicadores de productividad puramente cuantitativos que cosifican, matematizan y despojan de toda dignidad al conflicto humano subyacente, todo se mide por capturas, peritajes o condenas, entonces la Institución dice «logramos la meta del plan operativo anual o del plan estratégico institucional» En este paradigma neoliberal de la justicia, un expediente judicial, independientemente de la sangre o las lágrimas que lo manchen, es tratado y procesado como un simple compendio de folios a evacuar antes del cierre de fin de mes; jamás es abordado como lo que verdaderamente es: el testimonio sagrado de un proyecto de vida humano profunda y trágicamente truncado.
La violencia institucional de nuestro tiempo se manifiesta y se materializa físicamente en los interminables, indignos y tortuosos tiempos de espera en morgues colapsadas, en salas de emergencias hospitalarias y en sedes forenses desbordadas. Se visibiliza en los interrogatorios groseramente redundantes realizados por representantes que, si bien conocen el código penal de memoria, son analfabetas absolutos en el manejo de crisis y carecen de la más mínima capacitación en psicología del trauma, criminología y victimología. Se escenifica, además, en una infraestructura judicial diseñada sin un ápice de humanidad: sedes que obligan a las partes procesales a compartir los mismos pasillos, ascensores y salas de espera, carentes de toda privacidad, facilitando la intimidación constante por parte de las redes criminales en contra de quienes intentan sostener una acusación, así esta gran parte de nuestra América Latina.
Podemos aseverar categóricamente que el sistema judicial moderno ha oficializado e institucionalizado una verdadera «criminología del rechazo» frente al dolor de los gobernados. La carga procesal y probatoria, que en teoría corresponde constitucionalmente a la fiscalía general o ministerios públicos, recae en la práctica, abrumadora e injustamente, sobre los frágiles hombros de la persona afectada. Se le exige, bajo apercibimiento de desacato, relatar los hechos con una coherencia cronológica y una «memoria perfecta» que resulta, desde la perspectiva neurocientífica y psiquiátrica, absoluta y biológicamente incompatible con el choque neurobiológico agudo que el impacto delictivo desencadena en la memoria a corto plazo del cerebro humano.
Al ignorar de manera sistemática y arrogante estos factores biológicos, psicológicos y sociológicos fundamentales, los agentes del Estado que intervienen en la investigación y juzgamiento de los delitos actúan, rescatando las acertadas palabras de Elias en 1986, no como impartidores de justicia, sino como fríos y calculadores gestores de una violencia estructural de alto nivel. Administran el inventario de la crisis delincuencial, pero desprecian profundamente la humanidad, la vulnerabilidad y la dignidad de sus actores, consolidando en definitiva un ambiente de impunidad de facto. Esta impunidad burocrática y emocional es, en última instancia, el fertilizante más potente que nutre, legitima y perpetúa a la macrocriminalidad operante en nuestras sociedades.
5. Conclusiones: la desmitificación del aparato de justicia
A la luz del exhaustivo desarrollo dogmático, histórico, psicosocial, criminológico y victimológico expuesto en las páginas precedentes, resulta categórica, científica e innegablemente demostrable que el sistema penal actual, en su concepción teórica y operativa, es insostenible y requiere de una transformación estructural radical y profunda. Derivado de este análisis riguroso, se establecen tres conclusiones de trascendencia fundamental para la política criminal contemporánea en nuestros países:
1. Fracaso sistémico y moral del iuscentrismo punitivo tradicional: Es concluyente que la victimización secundaria representa, sin lugar a duda, el más colosal y rotundo fracaso ético, jurídico y criminológico del modelo de justicia penal de nuestro siglo. En perfecta concordancia con lo que anticiparon visionariamente académicos de la talla de Neuman y Beristain, se demuestra que un sistema de justicia que se erige ciega y exclusivamente sobre la tasación del castigo hacia el infractor de la norma, perdiendo por completo de vista la imperativa necesidad de otorgar protección humana integral y compasiva a quien ha sufrido en su carne y patrimonio el flagelo del delito, es un andamiaje carente de legitimidad democrática y se erige, por diseño y omisión, como un generador activo de trauma social crónico.
2. Naturaleza estructural, intencional y permanente del daño Institucional: Las brillantes aportaciones sociológicas y clínicas de Symonds y Elias nos obligan a concluir, despojándonos de toda ingenuidad teórica, que esta duplicación sistemática del daño durante el proceso judicial no constituye un accidente operativo, un error de protocolo o una externalidad derivada de la falta de presupuesto de un Estado. Muy por el contrario, representa el subproducto orgánico e inherente de una intrincada arquitectura de poder, burocracia y legalidad formalista que adolece intencionalmente de empatía técnica. El Estado moderno utiliza utilitariamente a la persona como un simple y desechable instrumento probatorio, expropiando su dolor y su conflicto originario, para luego someterla, en las propias entrañas del edificio judicial, a una segunda agresión de carácter oficial y devastador. La víctima testigo la única que le interesa a la mayoría de Estados.
3. Colapso inminente de la confianza democrática y erosión del tejido psicosocial: Queda comprobado clínicamente que el actual ecosistema penal, con sus rituales anacrónicos y su lenguaje inaccesible, ignora de manera deliberada las innegables realidades neurobiológicas que subyacen al trauma humano. Al hacerlo, el aparato estatal induce directamente sentimientos tóxicos de culpa, promueve la estigmatización comunitaria y propicia el temido colapso afectivo de la población. Se concluye que esta desidia institucional y soberbia forense no se limita a destruir psíquicamente al individuo en su esfera privada; su onda expansiva fomenta exponencialmente el fortalecimiento de la cifra negra de criminalidad al quebrar de manera profunda, sistémica e irreversible el contrato social y la indispensable confianza de la ciudadanía latinoamericana en la viabilidad del Estado de Derecho.
4. La imperiosa necesidad a un enfoque de un sistema de Justicia centrado en la victima: El doctor Luis Rodríguez Manzanera se erige como el pilar fundamental de la victimología latinoamericana al transformar a la víctima de un mero sujeto pasivo a un protagonista activo y titular de derechos. Su robusto andamiaje teórico logró superar el reduccionismo criminológico tradicional, evidenciando cómo la histórica miopía del sistema de justicia penal expropia el conflicto y perpetúa la victimización secundaria. Al sistematizar científicamente conceptos como el iter victimae y los niveles de daño, Manzanera desnudó la violencia institucional y señaló al Estado como un ente victimógeno que agrava el trauma original mediante su frialdad y burocracia. Por tanto, sus invaluables aportes no solo dotan de autonomía a la disciplina, sino que instauran un imperativo ético ineludible: la exigencia de transitar hacia una política criminal moderna que abandone la visión exclusivamente punitiva y consolide instituciones garantes de una verdadera reparación integral.
6. Recomendaciones: hacia una praxis criminológica liberadora y restaurativa
En estricta e inexcusable correspondencia matemática, lógica y temática con las conclusiones sistémicas previamente expuestas, y con el propósito impostergable de proveer directrices científicas para superar el insostenible estado actual de violencia institucionalizada en muchos países en América Latina, se formulan las siguientes recomendaciones orientadas hacia la reforma de la praxis criminológica operativa y el rediseño absoluto de la política criminal de Estado:
1. Transición estructural, presupuestaria e imperativa hacia una Justicia Restaurativa y Humanista: Como respuesta frontal y técnica al fracaso sistémico señalado en la primera conclusión, se recomienda con carácter de urgencia nacional el abandono paulatino pero firme del modelo puramente vindicativo y retributivo. Resulta imperativo implementar, desde el más alto nivel del Estado, un modelo comprehensivo de justicia penal de corte restaurativo. El andamiaje de justicia de El Salvador, y por extensión de toda América Latina, se propone que adopte e interiorice como su brújula ética los principios inquebrantables de la victimología humanista planteados por Beristain. El objetivo rector y supremo del proceso penal debe dejar de ser la mera y gélida punición carcelaria para transformarse en una plataforma orientada al rescate humano integral, la validación empática del sufrimiento y la restitución expedita de los derechos inalienables y el proyecto de vida de la persona profundamente afectada por el delito o crimen, la víctima y su grupo familiar.
2. Rediseño arquitectónico, normativo y procedimental fundamentado en la empatía técnica: Para lograr neutralizar y erradicar el inmenso daño estructural originado en las oficinas y sedes del sector de Justicia (identificado puntualmente en nuestra segunda conclusión), es urgente, innegociable e impostergable la deconstrucción metodológica de todos y cada uno de los protocolos de actuación policial, técnico-fiscal y de sedes judiciales. Se recomienda legislar para instituir de manera obligatoria enfoques informados de trauma neurobiológico en los currículos de formación continua de absolutamente todos los operadores del sistema punitivo y judicial. Debe garantizarse legislativamente la reducción máxima del número de interrogatorios a un esquema de entrevista única investigativa, de preferencia utilizando las nuevas tecnologías vigentes en su momento para grabarla, el fomento y financiamiento nacional para la implementación de cámaras Gesell en todos los circuitos judiciales, la habilitación de tribunales de justicia con accesos separados y salas de espera privadas para resguardar la intimidad, y, sobre todo, la penalización o prohibición absoluta a través de la objeción procesal de todas aquellas tácticas de litigación, interrogatorio o contrainterrogatorio que insinúen, sugieran o atribuyan responsabilidad moral, provocación o culpa recriminatoria en la persona que ya ha sido agraviada, que forma parte de la culpabilidad de la víctima.
3. Implementación transversal de la reparación integral y contención psicológica forense temprana: Finalmente, y como escudo para detener la profunda hemorragia del colapso psicosocial y el descrédito de las instituciones democráticas y del sector de Justicia (señalado enfáticamente en la tercera conclusión), el Estado salvadoreño y los gobiernos latinoamericanos deben proyectar, presupuestar y establecer de forma inmediata unidades multidisciplinarias altamente especializadas de contención emocional, social, psiquiátrica y psicológica que intervengan proactivamente desde el minuto cero del primer contacto con la entidad investigativa. Esta reparación integral, que no debe confundirse jamás con una simple indemnización económica tasada tarifariamente, evitará a toda costa la alienación social posterior, restaurará desde las cenizas la dignidad intrínseca de la persona y, como consecuencia criminológica directa, fortalecerá y vigorizará la cultura ciudadana de la denuncia temprana. Este cambio de paradigma logrará, en el mediano y largo plazo, devolver a la población la certeza absoluta y la confianza democrática en un Estado de Derecho que, recordando su mandato primigenio, ampara, rescata y protege vehementemente, en lugar de triturar y lastimar a quienes acuden bajo su manto en las horas más oscuras de la condición humana.
4. A partir de los postulados victimológicos del doctor Rodríguez Manzanera, se recomienda imperativamente a los sistemas de justicia en América Latina emprender una reestructuración profunda que transite de un modelo penal exclusivamente punitivo y centrado en el delincuente, hacia uno restaurativo y centrado en la víctima. Para erradicar la violencia institucional que materializa la victimización secundaria, es urgente que las agencias de procuración y administración de justicia rediseñen sus protocolos de atención bajo una estricta perspectiva victimológica. Esto implica la capacitación obligatoria de todos los operadores del sistema, sin excepción, para sensibilizar los interrogatorios, reducir la burocracia y agilizar los tiempos procesales, evitando así la «segunda herida». Asimismo, se recomienda reformar los marcos normativos, garantizando que la víctima deje de ser tratada como un simple medio de prueba y participe activamente en las decisiones de su caso. Finalmente, los Estados latinoamericanos deben asumir el mandato ético de no actuar como entes victimógenos, estableciendo que el objetivo supremo y medular de la justicia penal no sea únicamente el castigo, sino la consecución de una verdadera y expedita reparación integral del daño.
7. Referencias
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